El presidente del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa), Pablo Cortese, presentó su renuncia en medio de un conflicto que escaló desde las oficinas técnicas hasta el despacho presidencial: la "guerra de los laboratorios" por la importación de la vacuna contra la fiebre aftosa. La salida de Cortese, tras menos de ocho meses de gestión, es el final de una pelea creciente. El funcionario quedó en el centro de una fuerte interna con el Gobierno, presiones del sector privado y una denuncia que lo empujó a dar un paso al costado.
Según informó La Nación, la ex vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), María Beatriz Pilu Giraudo, será la nueva presidenta del organismo sanitario. Su designación se hará efectiva este martes 29 de julio.
El conflicto se encendió cuando, bajo su gestión, se habilitó una importación más ágil de productos veterinarios, una medida impulsada por el gobierno de Javier Milei para bajar los costos para el campo. La decisión generó el rechazo de los laboratorios locales. La tensión explotó cuando uno de los laboratorios más grandes del país, le envió una carta documento por un lote de vacunas importado por su competidora.
Aunque Cortese - quien ejercía desde 1992 en el Senasa- respondió que la acusación era "totalmente improcedente", la polémica ya estaba instalada. A esto se sumó el fuerte respaldo del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a la apertura del mercado. "Vamos a tener vacunas a mitad de precio", celebró Milei en la Expo Rural. "Nos están estafando", agregó Sturzenegger, dejando a Cortese en una posición de soledad.
El episodio que terminó de tensar la situación ocurrió a mediados de julio, cuando el laboratorio Biogénesis Bagó envió una carta documento a Cortese y una solicitud formal de información al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. En la misiva, el laboratorio pedía explicaciones sobre la aprobación del ingreso de 8.300 dosis de la vacuna antiaftosa “Ourovac aftosa Biv”, elaborada por el laboratorio brasileño Ourofino e importada por la firma Tecnovax SA.
El reclamo se dio en medio de una disputa más amplia por la flexibilización del mercado de vacunas veterinarias, que hasta ahora había estado fuertemente regulado.
Desde la Cámara de laboratorios (Caprove) advirtieron que estas medidas ponen en riesgo a una industria que emplea a más de ocho mil personas y exporta por más de 100 millones de dólares al año.
