En una audiencia que comenzó demorada este martes por detalles técnicos, el fiscal José Luis Caterina imputó a 13 policías y 4 civiles por haber robado dinero que el Estado provincial enviaba para la carga de combustible para los patrulleros. Según detalló ante el juez Gustavo Pérez Urrechu, las maniobras se hicieron de dos maneras: una mediante sobrefacturación, y otra a través de cargas ficticias, nunca realizadas. Se cree, tal como ya se adelantó, que el perjuicio económico mensual de los últimos diez meses fue de al menos 45 millones de pesos. La acusación se retomará este miércoles por la tarde, donde se resolverá la petición del Ministerio Público de la Acusación de que queden presos 16 de los 17 sospechosos –la única exceptuada sería una empleada administrativa de la estación de servicio Puma–.

La sala 7 del Centro de Justicia Penal estuvo colmada de defensores públicos y particulares, familiares de los imputados y la prensa. Se demoró su inicio poco más de una hora y cuarto puesto que, por lo que explicaron los abogados, recién allí pudieron entrevistar a sus clientes que llevaban más de una semana detenidos e incomunicados. 

Todos los involucrados siguieron la audiencia mediante videoconferencia. Los altos mandos sospechados son el comisario Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Fabián Ramírez, jefe de Garage y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Rodrigo Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería.

A su vez, fueron acusados Javier Norberto Arce –subinspector del Cuerpo Guardia de Infantería–, Fernando Miguel Ceballos –subinspector del Grupo Táctico Multipropósito–, Jorge Santiago Delgado –subinspector de la División Logística–, Sergio Darío López –subinspector en funciones en el Comando Radioeléctrico–, Gustavo Adrián Bazán –División Logística–, Juan Alberto Villordo –inspector de la brigada motorizada–, Nancy Plomer –empleada de la División Personal– y Franco Cuesta –inspector de la Policía de Investigaciones–.

Los imputados, por videoconferencia. (Foto: Alan Monzón/Rosario3)

Por su parte, los civiles imputados fueron Daniel Alberto Reynoso, María Fernanda De Franco, Mónica Juana Bianconi y Oscar Artemio Coullery, todos relacionados con el manejo de la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900 –ubicada cerca de la Jefatura de la Policía, en la zona sudoeste de Rosario–, donde según la causa se “concentraron” la mayoría de las operaciones.

Para concretar las maniobras, el fiscal explicó que los agentes involucrados concentraron las tarjetas de débito denominadas “visa flota” –que en realidad debían estar a disposición de cada móvil o chofer para el momento de la carga– y realizaron una facturación por encima del combustible entregado, o una carga fantasma, es decir, sin entrega de la nafta.

Según el legajo, los policías mentían en las rendiciones de cuenta, tanto en las planillas elevadas como en los tickets rendidos. En tanto, los responsables de la estación de servicio que funcionaba bajo la firma “Gas Auto Tiferno S. A.” fueron considerados “una pieza fundamental” en el desvío de recursos.

A modo de ejemplo, desde Asuntos Internos se relevó que 85 móviles policiales figuraban fuera de servicio en julio de 2024, sin embargo, aparecen realizando cargas de combustible, de acuerdo a un informe que data de agosto del año pasado. Otro caso fue el del patrullero Fiat Cronos N° 10.770 del Comando Radioeléctrico que consumió 730 litros, cuando su recorrido hecho marcaba que debió haber demandado 560 litros.

Por trabajos coordinados con la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad también se pudo constatar que dos camionetas Ford Ranger que estaban en la División Logística estaban en un depósito, en desuso, y sin GPS, cuando debían tenerlo colocado. Por ese motivo, se les puso un aparato de georreferencia el 30 de octubre del año pasado. A partir de eso, se constató que esos móviles no se movieron fuera de las instalaciones de la Unidad Regional II hasta el 21 de noviembre, y que tuvo días en los que directamente no fueron encendidos. No obstante, aparecen cargando combustible en la Puma entre el 31 de octubre y el 20 de noviembre. Para ilustrar la maniobra, el fiscal indicó que una de esas Ranger, sin haber consumido un litro de combustible, gastó falsamente 252.500 pesos.

Caterina no solo exhibió la información que dieron los GPS colocados en el derrotero de la causa. También leyó intervenciones telefónicas de algunos involucrados y mostró fotos de algunos de los policías imputados en la Puma, donde iban a principios y mediados de cada mes a las oficinas de “Gas Auto Tiferno” a retirar el dinero en efectivo en cajas

En las medidas realizadas, Caterina sostuvo que los policías desviaron los caudales fueron Gerardo Ramírez, Gustavo Bazán, Sergio Darío López, Juan Alberto Villordo, Fabián Fantí, Mario Brest, Juan Pigozzi, Jorge Santiago Delgado, Javier Norberto Arce, Fernando Miguel Ceballos y Franco Cuesta.

En la acusación se indicó que Sergio “Pata Corta” López fue quien junto a la inspectora Nancy Plomer, su pareja que se desempeña en la Sección Ficheros de la División Personal, fueron los responsables de hacer efectivo el desvío de los fondos en los patrulleros asignados al Comando Radioeléctrico. 

A “Pata Corta” el fiscal también le atribuyó haber tenido hasta un posnet de “ Gas Auto Tiferno” en su propio domicilio, donde se encontró una gran cantidad de documentación en los allanamientos hechos por Asuntos Internos.

Otro posnet de esa Puma se halló en la casa de Villordo, de la brigada motorizada, donde se incautaron más de 300 “visa flota” y 13 rollos de facturación de repuesto. Llamó la atención que en esa propiedad se encontró documentación relacionada con el combustible en la parrilla, como si estuviera por ser prendida fuego.

Otro actor de suma relevancia en la causa es el comisario Gerardo Ramírez, quien recibía las partidas mensuales de la provincia, calculadas en 380 millones de pesos. Él, junto con Gustavo Bazán, habrían hecho contacto con el encargado de la estación Puma, Daniel Reynoso, quien además contaba con autorización de ingreso a la Jefatura de Policía de Rosario.

El fiscal también imputó a Pigozzi, Delgado, López, Fantín y Brest de haber hecho en 2024 y 2025 rendiciones falsas de combustible.

Salvo Domínguez y Plomer, Caterina aseguró que los agentes Ramírez, Fantín, Pigozzi, Brest, Villordo, Cuesta, Arce, Delgado, Ceballos, Bazán y López recibieron el dinero en efectivo de la estación de servicio, situaciones de las que hay registros fotográficos. 

Al comisario Rodrigo Domínguez el fiscal le atribuyó haber prestado cooperación con el resto de los agentes para “sostener el pacto” con la estación de servicio. En ese marco, argumentó que la propia Unidad Regional II sacó una resolución interna en la que “Garaje Oficial” pasó de depender de la División Logística a directamente la Jefatura de la Policía. De alguna manera, le achacó no poder desconocer la operatoria.

El juez Pérez Urecchu, a cargo del debate. (Foto: Alan Monzón/Rosario3)


La responsabilidad de los civiles

Por los datos recolectados en el legajo, Mónica Juana Bianconi es la presidenta del directorio de “Gas Auto Tiferno S.A.”, su director suplente es Oscar Artemio Coullery, el encargado Daniel Reynoso y María Fernanda De Franco es una empleada administrativa. A Bianconi, Coullery y Reynoso los acusó de haber llevado a cabo –por lo menos desde agosto del año pasado– un acuerdo ilegal con los policías para sobrefacturar o hacer cargas inexistentes a los móviles de calle.

A De Franco se la sindicó de haber brindado auxilio a Bianconi, Coullery y Reynoso en los pagos a la Policía. Su participación quedó grabada en una intervención telefónica con el agente Gustavo Bazán, a quien le entregó 240 mil pesos en efectivo el 3 de mayo de este año. 

Los cuatro civiles están sospechados de haber otorgado dádivas quincenales a los uniformados de distintas fuerzas –Garaje Oficial, PDI, Infantería, Caballería y Perros, Comando Radioeléctrico, Grupo Táctico Multipropósito y Motorizada– mediante sobres de papel madera o pequeñas cajas que eran retiradas en la oficina de Ovidio Lagos al 3900.