El juez de Control de Río Cuarto, Diego Ortiz, resolvió mantener “vigente y abierta” la investigación por el homicidio de Nora Raquel Dalmasso (51), cometido en 2006, y rechazó “en esta instancia” el pedido de prescripción presentado por la defensa del principal sospechoso, Roberto Marcos Bárzola (45).
“No corresponde en esta instancia declarar la prescripción de la acción penal tal como solicitan los defensores, por cuanto ello implicaría el cierre definitivo de un proceso penal en el que aún no se ha alcanzado la total averiguación de la verdad real de lo sucedido, que es el deber prioritario que el Estado argentino ha asumido al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos”, fundamentó Ortiz en su resolución, según publicó La Voz.
Nora Dalmasso fue hallada muerta, semidesnuda y estrangulada con el cinto de su bata de toalla en su domicilio de barrio Villa Golf, en Río Cuarto. Tras el juicio que absolvió en 2022 a su viudo, Marcelo Macarrón, la Justicia reconoció a Dalmasso como víctima de violencia de género y encomendó al fiscal Pablo Jávega investigar la “verdad histórica” del caso.
Jávega retomó la pesquisa desde el inicio y ordenó cotejar un perfil de ADN masculino detectado por el FBI en el cinto con el que fue asesinada la víctima. Esa muestra fue comparada con personas que habían estado en la casa y nunca habían sido investigadas. Cuando se cotejó con el perfil genético de Roberto Bárzola, un lustrador de pisos de madera, dio positivo. Luego se halló una coincidencia total entre su ADN y el patrón mitocondrial de un vello púbico encontrado en la entrepierna de Dalmasso.
En diciembre de 2024, Bárzola fue imputado por abuso sexual seguido de muerte.
Tras esa imputación, sus defensores solicitaron la prescripción de la acción penal. Argumentaron inconstitucionalidad y distintos modos de cómputo del plazo transcurrido –más de 18 años– desde el crimen. Tanto el fiscal Jávega como los abogados de la familia Dalmasso se opusieron al cierre de la causa.
El juez Ortiz reconoció que el caso se dio en un contexto de violencia de género, pero descartó que se tratara de un delito de lesa humanidad o una grave violación a los derechos humanos que pudiera volverlo imprescriptible. “Pese a implicar una grave afectación a la integridad sexual y a la vida de la víctima, causada dentro de un contexto de violencia de género, el hecho de ningún modo formó parte de un ataque generalizado y sistemático llevado a cabo de conformidad con una política del Estado”, aclaró.
A pesar de ello, el magistrado consideró que mantener abierta la causa “es la solución más adecuada para conciliar los derechos de los familiares de la víctima al acceso a la justicia y el deber del Estado de investigar”.
Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, calificó la resolución como “un primer paso importante de la Justicia de Córdoba”, aunque advirtió que se trata solo “del principio de un arduo camino”. “La familia de Nora Dalmasso y la sociedad necesitan Justicia, una condena penal y no solamente un juicio por la verdad. La impunidad no puede triunfar”, expresó a la agencia Noticias Argentinas.
La resolución de Ortiz no está firme: la defensa y la querella pueden apelar. Mientras tanto, el fiscal Jávega está habilitado para continuar la investigación y las partes pueden proponer nuevas pruebas.
Nora Dalmasso fue asesinada el 26 de noviembre de 2006. En estos casi 20 años, el expediente acumuló cinco imputaciones fallidas. Primero, se acusó a un supuesto amante. Luego fue detenido el pintor Gastón Zárate, apodado “el perejil”. Después, durante cinco años, se investigó a su hijo, Facundo, y más tarde al viudo, Marcelo Macarrón.
En abril, Valentina, Facundo y Marcelo Macarrón solicitaron la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, a quienes acusan de haber ignorado pruebas que desde el inicio, según la familia, apuntaban a Bárzola. Denunciaron violencia institucional y “encarnizamiento” contra los Macarrón.
El fiscal Miralles llegó a sostener que Macarrón, quien estaba en Punta del Este el día del crimen, había viajado de noche a Río Cuarto, matado a su esposa y regresado a Uruguay, donde al día siguiente ganó un torneo de golf. Incluso viajó al país vecino para continuar esa hipótesis.
Después, el fiscal Luis Pizarro sostuvo que el viudo había contratado a un sicario para matar a su esposa y “sexualizar la escena del crimen” con el fin de desviar la investigación. Finalmente, Macarrón fue llevado a juicio y resultó absuelto en julio de 2022.
Entre los cuestionamientos de la familia figura también el hecho de que, pese a haber solicitado la colaboración del FBI, el fiscal Di Santo desestimó un informe de 2010 en el que ya se mencionaba la presencia de un patrón genético no identificado en el cinto con el que fue estrangulada Dalmasso y en un pelo hallado sobre el cuerpo.
Esa información se actualizó recién en 2024, cuando el fiscal Jávega ordenó nuevos análisis y estableció que tanto el cinto como el vello púbico encontrado en la entrepierna de la víctima coincidían con el perfil genético de Roberto Marcos Bárzola.
