El pasado 3 de abril, desde el Destacamento Móvil Nº 2 de Gendarmería, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció: “Rosario va a ser la primera zona sujeta a investigación especial de acuerdo a la ley antimafia” y aseguró que esa futura implementación será “la segunda etapa del Plan Bandera”.
Este 16 de mayo, la promesa se concretó a través de la publicación en el Boletín Oficial: Rosario es la ciudad que se eligió para que debute la llamada “ley antimafia”, promulgada el 9 de marzo pasado.
Bullrich había adelantado que la aplicación de la ley en la ciudad tiene como objetivo combatir y desalentar el crimen organizado en Rosario. “Quienes participen de una organización criminal, no importa en qué línea estén, serán responsables del conjunto de delitos que la organización cometa”, dijo Bullrich sobre el espíritu de esta ley, asegurando que esta normativa representa un “gran avance” en la política criminal de Argentina.
La iniciativa habilita a las autoridades a pedir al Poder Judicial que declare a Rosario “zona sujeta a investigación especial”, una figura que les da a las fuerzas de seguridad y a la Justicia Federal mayores herramientas para la lucha contra el crimen organizado, como la posibilidad de intervenir comunicaciones digitales, entre ellas, redes sociales.
En el primer artículo de la resolución, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, resuelvió “solicitar a los magistrados federales competentes en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, la declaración de zona sujeta a investigación especial, del área comprendida por la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en los términos del artículo 4° de la Ley N° 27.786”.
En el artículo segundo, se establece “poner a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal a las fuerzas federales, fuerzas policiales y de Seguridad federales, que actualmente operan en la ciudad de Rosario, en el marco del Plan Bandera, para las labores de detección de delitos específicos vinculados con la tipología y modalidades comprendidas en la Ley N° 27.786, sea en forma previa o posterior a la declaración solicitada en el artículo 1°”.
El Senado sancionó la denominada ley Antimafia en febrero, acompañada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Las Provincias Unidas y espacios federales.
Se trata de una iniciativa que propone la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado. Establece el abordaje integral del crimen organizado: se aplicará en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Una de las principales modificaciones es que se contempla una condena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.
La ley prevé que, cuando se trata de una investigación conjunta de varios distritos, “la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta”.
En ese contexto, cuando se declara la necesidad de una investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a una persona por 48 horas para averiguación por la comisión de determinados delitos, pero siempre que "exista una razón fundada".
En caso de una investigación por una cantidad de delitos por tratarse de delincuencia transnacional, la detención podrá tener hasta 15 días, con la posibilidad de que sea prorrogada con la autorización judicial correspondiente.
Además, se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.
