En el marco del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (Aysa), anunciado el viernes pasado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno dio ahora un nuevo paso y autorizó a la empresa a cortar el suministro a usuarios por falta de pago. Además, reestructuró gran parte de la normativa y dispuso nuevos artículos. Aysa presta servicio de agua potable y cloacas a 3,8 millones de hogares en la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del extrarradio de la capital.
Con la reestructuración de la normativa por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno autorizó a la empresa a “efectuar el corte de servicio en caso de mora”, además de entregarle “amplias facultades para revisar y auditar todas las obras que se ejecuten dentro del Área Regulada” y permitirle la “construcción como garantías de los fondos provenientes de Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento”.
Por medio del Decreto 493/2025 ya publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo sustituyó el Decreto 304/2006 y especificó: “El diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.
El proceso de privatización de Aysa terminará con la transferencia del 90% de las acciones a accionistas privados “a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, según lo ya anticipado por Adorni. El 10% restante seguirá siendo de los empleados de la empresa, como hasta ahora.
El Gobierno lleva tiempo preparando a la empresa para la venta. El primer paso fue incluirla en la ley Ómnibus, luego, redujo su personal, que pasó de 7.800 empleados a menos de 6.400 en poco más de un año; habilitó el aumento de la tarifa y frenó totalmente las obras de infraestructura.
