Un policía de la Brigada Motorizada fue condenado a tres años de prisión condicional tras declararse culpable de haber participado en una serie de procedimientos plagados de irregularidades y de haber recibido una coima. El suboficial, identificado como Rodrigo Ramírez (23), había sido detenido en marzo junto con otros cinco colegas. Entre ellos, una empleada policial ya había reconocido su responsabilidad dos meses atrás.
La condena fue homologada este jueves por el juez Carlos Leiva e incluye una batería de delitos: falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, omisión de denuncia agravada por su condición de funcionario público en calidad de coautor, privación ilegítima de la libertad con autoría mediata (agravada por extenderse más de un mes), e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo ello en concurso real.
Además, Ramírez fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y deberá pagar una multa de cuatro millones de pesos, a abonar en 36 cuotas.
La primera de las imputaciones que aceptó el suboficial lo sitúa en una componenda junto a otros agentes jóvenes de la Motorizada: Jesús Soria, Dylan Pérez (en prisión preventiva confirmada en segunda instancia) y Lucila B. (ya condenada). Uno de ellos recibía información de una mujer vinculada al hampa en barrio Parque Casas, pero utilizaban esos datos para obtener beneficios económicos indebidos, según la investigación.
De acuerdo al fiscal Pablo Socca, todo comenzó tras un ataque a tiros, en julio pasado, contra la casa de una conocida transera, Sandra Álvarez, ubicada en Castagnino al 1200. Por orden judicial, la vivienda quedó bajo custodia policial, tarea que recayó en la Brigada Motorizada. El suboficial Soria, asignado a esa custodia, entabló una relación cercana con Álvarez y mantenía contacto frecuente, con fines espurios.
El 18 de noviembre, Álvarez les pasó el dato de que un tal Rana estaba ofreciendo dos pistolas con cartuchos. Pérez se hizo pasar por comprador, lo contactó y acordó un encuentro en Fournier y Antequera. Cuatro días después, Rana cayó en la trampa: fue detenido junto a otro hombre por los suboficiales Pérez, Soria, Ramírez y Lucila B. Según la acusación, los policías se quedaron con las armas y cobraron una coima de dos millones de pesos a cambio de liberarlo.
Incluso con el origen viciado del operativo, en lugar de detener a los dos hombres y secuestrar ambas armas, como correspondía, solo aprehendieron a uno y notificaron oficialmente el secuestro de una sola pistola. Así se concretó el cobro del soborno y se perdió el rastro de la segunda pistola.
“Lo dejé libre. Metí en cana al otro. Igual, nos hicimos amiguitos. A ver si el loco se pone la 10 con nosotros y nos tira alguna data. Ya le dije dónde vive, cómo se llama, qué auto tiene, todo. Por lo menos en pelotudo no se va a poner”, le relató Soria a Álvarez, quien continúa detenida.
Otra de las imputaciones contra Ramírez refiere a un allanamiento ilegal realizado el 1º de octubre en un supuesto búnker de drogas en Pasco al 200 bis, y a la posterior redacción de un acta con datos falsos, según explicó la fiscal Karina Bartocci.
Ramírez, junto a dos colegas, justificó en el acta una persecución en flagrancia ("el ingreso de dos hombres a una vivienda con «actitud sospechosa» al advertir presencia policial") para legitimar el procedimiento. Sin embargo, se comprobó que los uniformados irrumpieron sin más en la vivienda.
Cinco personas fueron detenidas allí con 187 envoltorios de cocaína. Permanecieron presas hasta el 2 de diciembre, cuando fueron liberadas.
Otro hecho que se le reprocha a Ramírez está vinculado a otro procedimiento irregular por narcomenudeo, y a la firma de un acta repleta de inconsistencias. Además de Ramírez, aparecen como cofirmantes otros dos policías de la brigada, también imputados: Ricardo Font y Marcelo Borovachi (ambos en prisión preventiva, confirmada en segunda instancia).
Ese episodio ocurrió el 29 de septiembre, en la esquina de España y 5 de Agosto, barrio Las Flores. Allí, los policías irrumpieron sin orden judicial en la casa de una mujer de 28 años sindicada como vendedora de drogas. Por la ilegalidad del procedimiento, el juez ordenó su inmediata libertad al momento de la audiencia imputativa.
“El acta no describe las circunstancias de modo y lugar en que fueron secuestrados los elementos que aparecen en la cadena de custodia agregada al sumario policial (una balanza de precisión, un celular y material de recorte)”, precisó la Fiscalía.
