El Gobierno derogó por decreto artículos clave de las leyes de educación vial y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, con el argumento de evitar la duplicación de funciones estatales y optimizar el uso de recursos públicos.
Mediante el Decreto 436/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Ejecutivo eliminó obligaciones y organismos que, según sostiene, ya no resultan necesarios en el marco de la actual estructura estatal y la distribución de competencias entre Nación y las provincias.
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial y que entrará en vigencia a partir de este sábado, elimina el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. La decisión afecta directamente a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y a organismos como el Observatorio de la Educación Vial, que quedó disuelto.
Según apunta el texto oficial del decreto, la coexistencia del Observatorio de la Educación Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial generaba “una superposición de funciones que resulta contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria, al duplicar esfuerzos, estructuras y recursos para la consecución de objetivos similares”.
La medida se apoya en las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
El decreto sostiene que la derogación de los artículos mencionados permitirá “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
En el caso de la Ley 27.234, que establecía la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los establecimientos educativos del país, el Ejecutivo argumenta que la responsabilidad de organizar estas jornadas no corresponde al Estado nacional, ya que la administración de los servicios educativos fue transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Ley 24.049.
En enero pasado, el Gobierno nacional inició un proceso de revisión de los contenidos de Educación Sexual Integral incluidos entre los materiales escolares. La tarea está en manos del Ministerio de Capital Humano.
El decreto, en su artículo N° 4, también remite la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, en cumplimiento de la Ley 26.122, que regula la intervención parlamentaria sobre los decretos de delegación legislativa.
