El Gobierno nacional aceptó este lunes la renuncia del juez federal de Garantías Marcelo Bailaque, que dejará oficialmente su cargo en el Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario desde este martes 1° de julio. La decisión se oficializará mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se publicará en el Boletín Oficial.
Bailaque había presentado su renuncia a su cargo el pasado 10 de junio, cuando faltaba una semana para presentar su defensa en el Consejo de la Magistratura por las acusaciones en su contra que componen tres carpetas judiciales. Finalmente, el juez federal presentó un descargo por escrito.
Con la aceptación de su renuncia, el controvertido magistrado logró evitar su destitución por parte del Consejo de la Magistratura y conservará los beneficios por su cargo, incluida la jubilación por haber sido juez en Caleta Olivia.
Actualmente, Bailaque tiene una orden de prisión preventiva que fue dictada en su contra a fines de abril por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz. Sin embargo, la misma no había entrado en vigencia debido a la inmunidad que le concedían sus fueros.
El 19 de junio, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura había aprobado por unanimidad la propuesta de suspender de manera preventiva al juez federal para iniciar el proceso correspondiente para su remoción, pero no había fecha definida para el tratamiento de esta situación en el plenario del organismo.
Los cargos
El primero de los cargos contra Bailaque lo vincula con el capo narco Esteban Lindor Alvarado. Pese a tener como contador a Gabriel Mizzau –quien también manejaba las cuentas de Alvarado–, y a que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en causas que involucraban al narco. Por el contrario, obstaculizó medidas de prueba como escuchas telefónicas y demoró procesos claves. El segundo cargo se refiere a una causa presuntamente armada para extorsionar al empresario Claudio Iglesias. El financista Fernando Whpei y Carlos Vaudagna, exjefe de la Afip Rosario (quien declaró como arrepentido), habrían participado en una maniobra para pedirle una coima de 200.000 dólares a cambio de frenar una investigación judicial. El tercer cargo está vinculado con el manejo irregular de fondos públicos de una cooperativa de estibadores, que fue intervenida por la Justicia. Parte de esos fondos fueron desviados a la mutual Grupo Unión, controlada por Whpei. Pese a sus vínculos, Bailaque tampoco se apartó de esa causa.
