Una red de abogados ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal titulada “La Mafia del Desmonte al desnudo” en donde unen la tala de bosque nativo en Chaco, permisos truchos y corrupción que salpica a empresarios y políticos de alto nivel.
Entre los nombres que figuran en el documento, está la familia Vicentin, diputados, funcionarios y exministros de Chaco y hasta el actual presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.
La investigación fue realizada por el equipo interdisciplinario de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Revela “el entramado ilegal del poder político y el extractivismo forestal en Chaco que incluye corrupción, permisos truchos y canje de votos en el Senado Nacional”.
“Lo que durante años fue sospecha y denuncia social, hoy se confirma con expedientes, mapas, nombres propios y cifras oficiales”, señalaron desde la organización que además publicó el informe completo de 37 páginas (se puede descargar desde acá) .
“Denunciamos y revelamos el mapa detallado del sistema mafioso que desmonta ilegalmente en el monte chaqueño argentino”, afirmaron y confirmaron que todo el material fue presentado la semana pasada en la causa judicial que tramita ante la Justicia Federal de Chaco.
Los abogados del grupo solicitaron nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia, uno de los acusados, y las autoridades nacionales de Bosques.
Entre la evidencia procesada, se destacan los cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas que “revelan con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar”.
“No se trata de denuncias aisladas. Ponemos nombre y apellido a cada punto del sistema: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se montaban”, dice la presentación del trabajo realizado.
Enrique Viale, referente del equipo, señaló que de la investigación surge "algo escandoloso: el canje de votos en el Senado nacional por el desmonte en Chaco". Involucró en esa maniobra al senador y exministro de Producción, Víctor Zimmermann.
"A cambio de eso, (el gobierno de Javier) Milei le aprueba a Chaco el ilegal ordenamiento territorial de bosque nativo" (que rebajó la protección de más de 200.000 hectáreas de monte), agregó.
Algunas muestras de la trama mafiosa
Entre 2011 y 2021, la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1.335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios.
La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte. El caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido, siempre según la denuncia presentada.
Otra de las firmas es TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
“Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), y Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas”, apuntan.
Esos expedientes fueron gestionados por e. exministro de la Producción Hernán Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.
En cuanto a los permisos truchos, el informe dice que se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos y que eso se hizo bajo la figura de recategorización predial. Así, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo.
“Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6.900 hectáreas. Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas”, agregaron.
Entre otros puntos citados, figura la “corrupción con fondos nacionales: la asignación del Fondo NacIonal de Bosques”.
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 que tiene como objetivo compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. Tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas.
“La provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario a lo que establece la Ley por 12 años. El 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales. La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas”, detalla.
De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas (que deberían estar priorizadas). El 69,1% se entregó a empresas.
Alcance nacional
Según el estudio, el entramado supera el ámbito provincial. “La acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada. Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, volvió al Senado Nacional para garantizar al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes. A cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco”, señala la denuncia.
“Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica”, agregaron.
La denuncia pide desmantelar la mafia del desmonte y afirma: “En tiempos de desconfianza en las instituciones y en los representantes de nuestra sociedad, la voluntad política y judicial para actuar es más necesaria que nunca. Las evidencias son contundentes e innegables, sin desarmar estas tramas de corrupción no habrá regeneración posible, tanto de nuestras sociedades como de nuestros ecosistemas”.
