La camarista Gabriela Sansó confirmó la prisión preventiva efectiva de tres de los policías imputados en el millonario fraude con fondos destinados a cargar combustible para patrulleros. La resolución la dio a conocer en la mañana de este martes y afecta a Gerardo Ramírez, Rodrigo Domínguez y Juan Villordo. El resto de los agentes y civiles que habían apelado ya fueron liberados.
La audiencia se llevó a cabo tras la apelación de la prisión preventiva que habían presentado las defensas de los acusados. Después de tres jornadas de debate, la jueza consideró que no había peligrosidad procesal al disponer la libertad de los agentes Sergio Darío López, Nanci Gabriela Plomer, Gustavo Adrián Bazán, Juan Pablo Pigozzi y Franco Cuesta, y de los civiles Mónica Juana Bianconi y Daniel Alberto Reynoso.
A los únicos que confirmó el arresto fue a Gerardo Ramírez, que al momento de los hechos era comisario supervisor a cargo de Garage de la Unidad Regional II, a Rodrigo Domínguez, comisario supervisor que era jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II y Juan Villordo, inspector responsable del combustible de la Brigada Motorizada.
En paralelo, este martes por la mañana el fiscal José Luis Caterina imputó al subinspector Juan Manuel Herrera, de Caballería y Perros de la Unidad Regional II, quien había sido detenido la semana pasada. En el legajo se le atribuyó el delito de peculado de caudales públicos, defraudación agravada por afectar a una administración pública y falsedad ideológica. Quedó en prisión preventiva efectiva hasta el 11 de noviembre, según resolvió el juez Gustavo Pérez de Urrechu.
En paralelo, en el legajo permanecen en prisión preventiva los policías Fabián Fantín, Mario Brest y Jorge Delgado. Los agentes Javier Arce y Fernando Ceballos ya habían recuperado la libertad tras una apelación anterior, al igual que los civiles María Fernanda De Franco y Oscar Coullery.
La causa del Ministerio Público de la Acusación cobró impulso en mayo pasado y derivó en la intervención de la Unidad Regional II. De acuerdo a los datos brindados por el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, el fiscal regional Matías Merlo y el fiscal Caterina, se indicó que el legajo nació de una denuncia tomada desde la Subsecretaría de Control de la cartera de Justicia y Seguridad provincial.
Caterina habló de una malversación de caudales públicos de “mucha consideración”, estimada en 45 millones de pesos sustraídos al Estado, sobre un total de 380 millones asignados mensualmente al patrullaje. Sobre la naturaleza de la maniobra, indicó que "hay personas a las que se les han secuestrado en su domicilio alrededor de 300 «Visa Flota», que son las tarjetas que tendría que tener cada chofer de móvil".
La investigación, dijo, "gira fundamentalmente en torno a una sobrefacturación de combustible". En ese sentido, agregó que en vez de estar cada chofer con su tarjeta, se articuló "una sobrefacturación en connivencia con una estación de servicios, y el personal encargado de esa tarea reunió, concentró todas las «Visa Flota»".
Por último, el fiscal remarcó que uno de los policías detenidos tenía “un posnet de la propia estación de servicio en su domicilio”. Sostuvo que hubo intervenciones telefónicas que revelaron cómo desde la estación de servicio se preparaba dinero en efectivo para entregar a los policías involucrados. También se autorizaron instalaciones de GPS en móviles policiales y otras medidas de inteligencia que permitieron documentar la maniobra.
