Oro, 600 mil dólares, cinco kilos de cocaína, municiones y hasta un simulador de vuelo –donde se sospecha eran entrenados pilotos– fueron secuestrados en una serie de allanamientos realizados en el marco de una causa derivada del aterrizaje de una avioneta con más de 350 kilos de cocaína, ocurrido en enero pasado en la localidad entrerriana de Holt Ibicuy. El operativo principal se llevó a cabo en un boliche del barrio porteño de Flores, y tuvo como resultado la detención de un ciudadano peruano.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, a pedido del Ministerio Público Fiscal, e incluyeron seis allanamientos –cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y dos en el partido bonaerense de Carlos Casares–. Estuvieron a cargo del Escuadrón de Operaciones Antidrogas y de la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de la Gendarmería Nacional. Además de la detención, la fiscalía solicitó la captura internacional de otros dos sospechosos que continúan prófugos.
Según la imputación, el detenido –de nacionalidad peruana– y los dos acusados aún no localizados habrían entregado la avioneta Cessna que el 22 de enero pasado aterrizó con 358,93 kilos de cocaína en un campo cercano a Holt Ibicuy. En esa oportunidad fueron detenidos el piloto, de origen brasileño, y su acompañante, Jade Callaú, una joven boliviana conocida por haber sido “reina ganadera” en la localidad boliviana de Borja y por ser sobrina política de Jorge Adalid Granier Ruiz, condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína.
Cuando fue hallada, la aeronave llevaba una matrícula argentina falsa (LV-GOP) sobre una inscripción boliviana (CP-3806), pero los peritajes de Gendarmería determinaron que su verdadera identificación era LV-GQA. Ese dato permitió vincular la aeronave con los tres imputados, pese a la logística utilizada para ocultar su procedencia.
Los fiscales sostienen que los tres acusados participaron en la adquisición de la aeronave, comprada en junio de 2023 por un valor declarado de 13.000 dólares, aunque su valor real en el mercado superaba los 100.000.
La imputación presentada por los fiscales Pedro Rebollo y Martín Uriona acusa al detenido y a los prófugos como presuntos coautores del delito de contrabando de importación agravado: por la intervención de más de tres personas, por el uso de transporte aéreo y por tratarse de estupefacientes destinados a la comercialización dentro o fuera del país.
El principal allanamiento se concretó en el local bailable “Rumba Latina”, ubicado sobre la avenida Rivadavia al 7200, en el barrio porteño de Flores. Allí se encontró un simulador de vuelo completo –con tablero, palancas, pedales y partes de avioneta– donde se sospecha que podrían haber sido entrenados pilotos vinculados a la organización criminal.
En el lugar también se incautaron casi cinco kilos de cocaína, materiales para su fraccionamiento, balanzas de precisión, 3.500 municiones de distintos calibres, alrededor de 600 mil dólares, 1.841.380 pesos, 1.800 euros, más de 2.800 reales, además de monedas, cadenas, brazaletes, dijes y un lingote de un kilo de oro.
Se secuestraron, además, un handy, dispositivos GPS, computadoras, dispositivos de almacenamiento digital, teléfonos celulares (incluido uno satelital), llaves y documentación de múltiples vehículos y aeronaves.
El portal Fiscales indicó que la investigación se originó el 22 de enero alrededor de las 20, cuando una avioneta Cessna 210 E con matrícula adulterada aterrizó en el establecimiento rural “Campo Grande”, a unos 15 kilómetros de Holt Ibicuy, por un camino con dirección a Mazaruca, en Entre Ríos. En la aeronave se encontraron 358,95 kilos de cocaína distribuidos en diez bultos con 342 envoltorios tipo ladrillo.
En ese lugar fueron detenidos el piloto –un ciudadano brasileño que inicialmente dio una identidad falsa y luego fue identificado como Leonardo Monte Alto Gusmao, con antecedentes por un hecho similar en Brasil– y Jade Isabela Callaú, ciudadana boliviana.
A partir del avance de la investigación, los fiscales sostienen que la aeronave habría partido de Santa Ana, en el departamento del Beni, Bolivia; luego habría cargado la droga en la frontera con Paraguay e ingresado a la Argentina eludiendo los controles. Su destino final presumido era algún punto de la provincia de Buenos Aires, aunque no logró llegar y terminó aterrizando en Holt Ibicuy.
La causa está a cargo del fiscal federal subrogante Pedro Rebollo y del secretario Matías Emmanuel Silva, de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, con colaboración del fiscal Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
