El gobierno de Santa Fe aplazó la emisión de títulos de deuda en el exterior. Volverá a monitorear el mercado de capitales a principios de septiembre, una vez que haya finalizado el receso de verano en el gobierno de Estados Unidos, a donde el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía Pablo Olivares viajaron hace dos semanas para interesar inversores y traerse un panorama de primera mano. 

La apuesta inicial del Ministerio de Economía era colocar la deuda autorizada por la Legislatura (1.000 millones de dólares como máximo) en la última quincena de julio. Si bien al mes le queda una semana, el cambio de escenario financiero del país y una serie de variables políticas retrasaron el plan.

Una de ellas es que con el riesgo país entre los 750 y 720 puntos, la tasa de interés no iba a ser menor de 9,25%. “Córdoba pagó a fin de junio 9,75%. La tomó porque tenía que cubrir vencimientos de deuda de unos 700 millones y no quiso arriesgarse. Santa Fe no tiene ese apuro y los fondos para mantener la obra pública que está en marcha los tenemos asegurados; por eso siempre se dijo que el crédito a tomar era para obra nueva”, confirmó una fuente de Economía.

Ciudad de Buenos Aires, que con Santa Fe comparte el podio de las mejores calificaciones de riesgo, postergó la emisión de deuda para después del 7 de septiembre, con la hipótesis de que un triunfo de la alianza entre LLA-PRO sobre el peronismo bonaerense mejorará las expectativas sobre el gobierno, las elecciones nacionales de octubre y la economía. 

Santa Fe tiene otra barrera por delante. El gobierno nacional aprobó pero todavía no autorizó la toma de crédito, que es imprescindible. En total hay 1.225 millones en espera: los 1.000 millones para infraestructura a tomar en el mercado de capitales y dos préstamos del CAF, uno de 150 millones para la reparación y ampliación de los accesos a los puertos del Gran Rosario y otro de 75 millones para la infraestructura de los Juegos Odesur. Este último lleva muchos meses de espera y obligó a que la Provincia iniciara las obras con recursos propios para terminar antes de la apertura del encuentro.

La demora del gobierno nacional no está relacionada a la conveniencia ni la capacidad de Santa Fe para tomar crédito. De hecho, no pasaron desapercibidas las recientes declaraciones en Radio Dos del economista Jorge Simón. El ex secretario de Ingresos Públicos de la Provincia respaldó la búsqueda de financiamiento. “Lo veo bien. Están tomando 1.000 millones, se retiran de la banca comercial privada para buscar en el exterior. En el gobierno de Omar Perotti lo hubiéramos querido hacer pero no se pudo por la pandemia y la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

La firma final para que una provincia pueda hacerse del crédito es un acto arbitrario, que depende de la voluntad del gobierno de turno. En este caso las relaciones entre Nación y las provincias no pasan por su mejor momento.

Los gobernadores no peronistas exigen rediscutir los términos de una alianza no escrita a la que ellos aportaron a cambio de nada o casi nada, anteponiendo una mirada de las circunstancias y conveniencias políticas antes que beneficios concretos. Pullaro entre ellos.

En ese contexto, ir a los apurones a pedir la autorización para emitir deuda hubiera sido la excusa para que Nación exigiera bajar alguno de los reclamos que Santa Fe tiene en pie. Esencialmente son tres. La deuda previsional que Nación no paga, el reclamo por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales (que Pullaro expone con llamativos carteles en los costados) o la posición de Santa Fe en el Congreso, junto al resto de las jurisdicciones, para distribuir los fondos de Aportes del Tesoro Nacional y parte del impuesto a los combustibles que hoy se los queda la Casa Rosada.

Santa Fe expuso el abandono de las rutas nacionales por parte de Nación.

Córdoba pidió que le aceleren la autorización para emitir deuda y se la dieron. Por esos mismos días el gobernador Llaryora firmó un acuerdo por la deuda previsional en el que Nación le volverá a girar adelantos a cuenta, pero por unos 5.000 millones de pesos al menos, menos de la mitad de lo que recibía en marzo de 2024 cuando Milei interrumpió los giros. 

Con ese antecedente, en vísperas de la audiencia en la Corte para Santa Fe, Pullaro y sus ministros se cansaron de avisar que no aceptarían una propuesta como la de Córdoba. El miércoles pasado, el fiscal de Estado de la provincia y el subsecretario de sistema previsional quedaron estupefactos cuando los funcionarios del minsitro Toto Caputo ofrecieron 2.000 millones por mes. Rechazada de plano la oferta, en un abrir y cerrar de ojos la elevaron a 5.000, es decir la misma cifra que agarró Córdoba y que Pullaro ya había hecho público que no aceptaría. Fracasada la etapa de conciliación, Santa Fe pide que la Corte nacional ejecute la medida cautelar y obligue a Nación a reponer los adelantos a cuenta mientras estudia la demanda de fondo.

Pragmático como es, Pullaro se esfuerza por administrar las tensiones. Así como critica el estado de las rutas, reclama los fondos previsionales y habilita a los dos senadores de la UCR a votar proyectos que no quiere el gobierno nacional, al día siguiente la vicegobernadora de Santa Fe cuestiona las leyes y alienta el veto prometido por el presidente. El propio gobernador grabó esta semana un video en el que refleja sensaciones y opiniones positivas que recogió en Estados Unidos en relación al rumbo del gobierno de Milei.


Relaciones alteradas

 

El arranque de la Convención Constituyente en Santa Fe reflejó el distanciamiento entre los gobiernos de Pullaro y Milei. Los convencionales de La Libertad Avanza, cuya terminal política está en el despacho de Karina Milei (aunque un par de ellos reportan a Patricia Bullrich) batallaron con el mismo fervor desde el estratégico reglamento de la Convención, la inserción de una versión taquigráfica, o el origen de unos pines conmemorativos de la reforma.

Los libertarios invadieron el carril de la oposición dura y chocaron con Amalia Granata, con quien se enroscaron en una polémica de tono fuerte, acaso atravesada por antiguas antipatías personales, pero también por los movimientos políticos que se avecinan a propósito de las elecciones a diputados nacionales. 

Cabe recordar que así como el bloque de LLA reporta a Karina Milei, Granata y su esposo Leo Squarzon tienen vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo. Por eso no hay que descartar que Amalia Granata, que no será candidata a diputada nacional en octubre, apoye la lista libertaria y quizás alguien de su espacio pueda integrarla. Falta mucho. Tampoco se descarta que algún sector del PRO o la UCR quieran jugar ahí.

Constituyente encaminada

 

Unidos tuvo un arranque más que accidentado de la convención constituyente. Comenzó con el inesperado problema de salud de la aliada Alejandra Locomotora Oliveras, siguió con errores no forzados como el de las fórmulas de juramento, la ofensiva de Granata sobre el presidente de la Convención Felipe Michlig y la interpelación del rosarino Juan Monteverde a Pullaro que no estaba en los planes ni de propios ni ajenos. Fueron necesarias más de seis horas de cuarto intermedio para encarrilar las negociaciones que la semana previa no pudieron resolverse.

La reforma constitucional comienza a avanzar.

Al final del día el oficialismo cumplió los objetivos. Consiguió que el reglamento fuera aprobado por unanimidad y obtuvo mayorías holgadas en los dos artículos en particular que eran decisivos para el control de la Convención: el doble voto del presidente y la aprobación por mayoría simple de los textos reformados.

De esa manera se aseguró que el texto final tenga la cláusula transitoria para la reelección de Pullaro y Scaglia, que probablemente sumará acompañamiento de algún sector de la oposición, pero en caso de que no ocurriera podrá sacarla con sus propios votos.

El dato significativo al cabo de la primera semana es que se despejaron –al menos por el momento– las advertencias de la oposición en cuanto a que el oficialismo venía a redactar una Constitución a su gusto dejando al margen al resto de las fuerzas. Los primeros acuerdos son robustos y despunta otro clima para el trabajo con los temas de fondo de la Constitución. Radicales y socialistas acertaron a la hora de abrir el juego.

En ese reparto de roles, Más para Santa Fe (PJ, Frente Renovador, Ciudad Futura) terminó siendo el interlocutor privilegiado después de haber tensado la cuerda con el oficialismo hasta el mismo lunes a la tarde, lo que le da la oportunidad de estar en espacios relevantes para dar las discusiones sobre los temas que ahora sí empezará a discutir la convención.

La “unidad con flexibilidad” es la biblia de ese bloque de 12. “Lo hablamos una y otra vez, aquí nadie se tiene que enojar porque sino no funciona”, confiesa un convencional del PJ. Suena bien, pero no es tan sencillo cuando conviven intereses tan diferentes. Sino que les pregunten a los senadores (y no sulo a ellos) cuando vieron a Juan Monteverde interpelar al gobernador Pullaro en medio de la sesión y cuando se avecinaba la negociación por el reglamento.

Los senadores del PJ se aseguraron el lugar de interlocutores del poder que los caracteriza. Diego Giuliano se quedó con la vicepresidencia de la Convención. El intendente Pablo Corsalini dará la pelea por los recursos desde adentro de la comisión de Asuntos Municipales y Juan Monteverde, que pretendía presidirla, debió conformarse con la vicepresidencia pero con un aliciente. Tampoco la dirigirá alguien vinculado al intendente Javkin o su gobierno, sino una concejala de la lejana Reconquista.

La comisión debutará, tal como adelantó Rosario3, el viernes próximo con una audiencia pública en el Concejo Municipal de Rosario, donde el de Ciudad Futura jugará de local.

La “flexibilidad” del bloque Más para Santa Fe crujió en una de las primeras votaciones de la convención. Las aguas se dividieron a poco de comenzar, cuando llegó la hora de bajarle el martillo al artículo crítico del reglamento, el de la mayoría simple para aprobar la Constitución. Los cuatro senadores departamentales, el rossista Facundo Olivera y Corsalini votaron a favor, mientras que los que no tienen responsabilidades de gobierno o territoriales la rechazaron (entre ellos tres juristas como Alejandra Rodenas, Diego Giuliano o Jacquelina Balangione). La misma posición tomó el bloque que lidera Marcelo Lewandowski. 

El peronismo se desenvuelve como lo que es, un partido de poder atravesado por diferentes líneas ideológicas, trayectorias, propuestas de futuro y urgencias de gestión, entre cuidar lo que tiene entre manos y tratar de dejar una huella en la futura Constitución.

Por el contrario, la posibilidad (temor para muchos) de que la Constitución de Santa Fe sea la primera en llevar marcas de la era libertaria es casi nula. “No creíamos que el PJ iba a entregar todo el primer día”, bramó un convencional de La Libertad Avanza, contrariado por el pragmatismo ajeno y atado de pie y manos en el rol de oposición rabiosa que manda el tirante momento de las relaciones entre la Casa Rosada y la Casa Gris.