El hecho de que el oficialista frente Unidos no haya conseguido cerrar un único proyecto de reforma constitucional no solo habla de diferencias internas que no se pudieron saldar incluso con el proceso ya iniciado. También desmiente uno de los mitos generados en torno al trabajo de la Convención Constituyente: que el nuevo texto de la Carta Magna ya está escrito.
Los principales partidos de la coalición presentaron cada uno su propia iniciativa. Son siete en total (de la UCR, PS; PRO, PDP, Ucedé, ERF y partido Uno). Pero lo hicieron en un acto conjunto. La idea fue dar un mensaje: se respetan las diversidades, nada está cocinado y el debate es abierto. “Ahora empieza la Convención en serio”, sostuvo uno de los líderes de Unidos. Este lunes arranca la segunda semana de trabajo, con el inicio del debate del contenido en las comisiones temáticas.
Rosario3 accedió a los de la UCR, el PS, el PRO, el PDP y Uno. Las diferencias son en la mayoría de los temas de matices, pero también las hay más profundas basadas en la diversidad ideolǵica de la alianza.
Que haya un ministro coordinador, por ejemplo, es algo que habilitan todos. Pero el socialismo va más allá: sostiene que esa figura tiene que existir y también contar con acuerdo legislativo. Algo parecido pasa con los mecanismos de participación ciudadana: todos los incorporan, solo el PS con carácter vinculante. En cuanto a la Caja de Jubilaciones, los del partido de la rosa la declaran intransferible, mientras que el resto es menos específico con la idea de no condicionar decisiones futuras sobre un sistema en crisis en todo el mundo y plantean sí la necesidad de marchar hacia la sustentabilidad.
Solo el partido Uno, que lidera el pastor evangelista Walter Ghione, propone un párrafo antiabortista en el artículo 19 de la Constitución: "Toda persona tiene derecho al cuidado integral de su salud en todos los ciclos de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, incluyendo los ámbitos físico, mental, emocional, ambiental y social". El resto de su plan va alineado con el del radicalismo.
Los proyectos del oficialismo se seccionarán temáticamente para que cada comisión de la Convención Constituyente analice y debata la parte que le corresponde, al igual que pasará con los que presenten otros bloques, organizaciones y ciudadanos.
Como tiene una virtual mayoría tanto en el plenario de la Convención como en las comisiones, es lógico pensar que la reforma se estructurará en torno a la línea de acción que marque el oficialismo, fundamentalmente a través de sus tres socios principales: la UCR, el PS y el PRO. Al presentar de esta manera los proyectos, cada uno de ellos, en cada tema, queda sujeto al escrutinio de la oposición, que acaso vaya zanjando las diferencias que el oficialismo no pudo en su propio debate interno. No solo eso: también de la opinión pública y sectores interesados que se hagan escuchar en los debates de comisión. Pero fuentes del oficialismo sostienen que no habrá votación dividida de sus propios convencionales a pesar de que en algunos temas piensan cosas muy distintas: “Acuerdo entre los 33 hasta que duela”, dijo como premisa uno de los principales referentes del bloque de Unidos a Rosario3.
Aquí un análisis comparativo de los puntos principales de los proyectos del oficialismo a los que accedió este medio:
Nuevos derechos
Los cuatro proyectos amplían el catálogo de derechos. Coinciden en incorporar derechos digitales (identidad digital, privacidad, desconexión, transparencia algorítmica), el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua y al hábitat urbano justo. También reconocen el valor económico del trabajo de cuidado y la movilidad de las jubilaciones.
El Partido Socialista se diferencia por incorporar el enfoque interseccional, por regular la comunicación digital y por incluir en el articulado una cláusula que impone a los medios de comunicación la promoción de contenidos libres de discriminación, sexismo, racismo o discursos de odio. El proyecto de la UCR otorga un lugar central a la protección de datos y a la interoperabilidad del Estado digital. El PRO coincide mayormente con el articulado radical, que especifica sobre la actividad periodística: “Ejercida de conformidad con pautas éticas, se encuentra especialmente protegida como componente fundamental del sistema democrático”. El PDP adhiere a estos principios.
Reconocimiento de grupos vulnerables
La UCR y el PS comparten la inclusión de cláusulas sobre igualdad real y la obligación estatal de aplicar medidas de acción afirmativa. Se nombran expresamente a mujeres, diversidades sexuales, pueblos originarios, personas con discapacidad, infancias, juventudes y adultos mayores.
El socialismo introduce la idea de justicia interseccional y desarrolla con más extensión las garantías específicas para cada grupo. La UCR lo aborda desde la perspectiva de equidad en políticas públicas.
Reelecciones y primer mandato
Todos los proyectos proponen el límite de una reelección consecutiva para gobernador, vice, legisladores, intendentes y concejales. El de la UCR especifica en las cláusulas transitorias que para el gobernador Maximiliano Pullaro será considerado como primer mandato el actual, con lo cual, si el electorado lo decide, podría seguir en el cargo hasta 2031. Mientras que para los legisladores se empezaría a contar desde el siguiente, con lo cual podrían seguir, siempre si la ciudadanía así lo decide, hasta 2035.
Sistema previsional
El socialismo es el único que declara de manera explícita que el sistema previsional estará a cargo de un organismo estatal intransferible. La UCR plantea que la Provincia debe hacer todo lo necesario para preservar la administración pública del régimen previsional, sin usar la palabra “intransferible”. El PRO es menos específico: el eje es la sustentabilidad, cuestión que también aborda el radicalismo. La preocupación del partido amarillo es no fijar constitucionalmente el sostenimiento de un sistema en crisis.
Corte Suprema de Justicia
Todos los proyectos prevén una Corte Suprema de hasta siete miembros, con equilibrio territorial y paridad o “equilibrio” de género, tal la palabra que usa la UCR. El socialismo incorpora una cláusula distintiva: los jueces de la Corte no podrán permanecer más de 20 años en el cargo.
Ministerio Público de la Acusación
Hay acuerdo en darle independencia al Ministerio Público de la Acusación, con autonomía funcional y presupuestaria, para que lidere las investigaciones penales sin condicionamientos. Esto quiere decir que se lo saca de la órbita del Poder Judicial y deja de ser su autoridad la Corte Suprema, aunque sobre todo en la UCR prefieren hablar de “órgano independiente” y no de extrapoder. En todos los casos, sus titulares son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo.
El radicalismo y el PRO proponen que los postulantes a fiscales, al igual que los jueces, deben ser propuestos al Ejecutivo por un Consejo Asesor de la Magistratura compuesto por representantes del Ejecutivo, del Legislativo, de los jueces, fiscales o defensores, de los Colegios Abogados y de las universidades públicas. Ese cuerpo, siempre en estos dos proyectos, también se ocupará en caso de situaciones que puedan merecer su remoción. El juzgamiento quedará en manos de un tribunal de enjuiciamiento con similar representación pero con otros integrantes.
El socialismo no postula que haya Consejo de la Magistratura. En su iniciativa los concursos para cubrir los vacantes los llama una autoridad técnica que a la vez convoca a un jurado para caso. Para el juzgamiento su idea es que se conformen tribunales ad hoc, con una composición que además de delegados políticos y del ámbito judicial-académico, incluya una representación de la ciudadanía. Introduce mecanismos adicionales de control: los fiscales y defensores deben someterse a evaluaciones periódicas de aptitud psíquica, física y ética cada cinco años.
“La clave para que los fiscales tengan independencia, pero a la vez no se conviertan en funcionarios todopoderosos capaces de poner a cualquiera bajo sospecha es el control”, explicó una fuente jurídica que trabajó en una de estas iniciativas.
Participación ciudadana
Todos los proyectos incorporan mecanismos como la iniciativa popular, el referéndum y las audiencias públicas, aunque con distinto grado de desarrollo.
El proyecto socialista crea una sección específica de participación democrática. Es el único que propone que haya consulta popular y revocatoria de mandatos vinculantes. UCR también prevé consultas y planificación participativa, pero sin carácter vinculante ni revocatoria. El PRO adhiere a la línea UCR al igual que el PDP.
Autonomía y carta orgánica
Los cuatro proyectos eliminan las comunas y establecen que todos los gobiernos locales serán municipios autónomos, con facultades políticas, administrativas, económicas y financieras.
Establecen que los municipios con más de 50.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica, pero el socialismo es el único que aclara que debe redactarse a través de una Convención Municipal elegida por el pueblo, convocada por el municipio. UCR no menciona quién redacta la carta. El PRO sostiene la fórmula radical y el PDP no detalla el procedimiento. La ley de necesidad de la reforma habilitaba que los actuales concejos municipales puedan dictar la primera carta orgánica de la ciudad autónoma, que es lo que quiere hacer Pablo Javkin, intendente de Rosario, este mismo año. Quedará el tema para el debate en comisión.
| Tema | UCR | PS | PRO |
|---|---|---|---|
| Nuevos derechos | Derechos digitales, cuidado, movilidad, protección de datos. Periodismo como pilar democrático | Derechos digitales, comunicación libre de odio, enfoque interseccional | Adhiere a UCR. Periodismo con pautas éticas, esencial al sistema democrático |
| Reconocimiento de grupos vulnerables | Igualdad real y acción afirmativa | Justicia interseccional y acción afirmativa | Mención general |
| Reelección | Una sola reelección para todos los cargos | Una sola reelección para todos los cargos | Una sola reelección para todos los cargos |
| Sistema previsional | Preservar régimen público, sin declarar intransferibilidad | Organismo estatal intransferible | Sustentabilidad. No menciona intransferibilidad |
| Corte Suprema de Justicia | Hasta 7 miembros, equilibrio de género, sin límite temporal | Hasta 7 miembros, paridad de género, máximo 20 años | Hasta 7 miembros, sin límite temporal |
| Ministerio Público de la Acusación | División en dos órganos. Consejo Asesor propone y remoción por tribunal de enjuiciamiento | Evaluaciones cada 5 años. Tribunal de Disciplina. Representación ciudadana en enjuiciamiento | Coincide con UCR. Sin evaluación periódica |
| Participación ciudadana | Consulta no vinculante, sin revocatoria | Consulta y revocatoria vinculantes. Sección específica | Consulta no vinculante, sin revocatoria |
| Autonomía y carta orgánica | Carta orgánica sin precisar quién la redacta | Redactada por Convención Municipal elegida por el pueblo | Replica fórmula de UCR |
| Áreas metropolitanas | Reconocidas sin atribuciones específicas | Institucionalizadas con atribuciones propias | Mencionadas sin atribuciones |
| DNU y facultades delegadas | Permitidos con límites y temporalidad | Prohíbe DNU y rechaza delegación de facultades | Permitidos con límites |
Áreas metropolitanas
El PS institucionaliza las áreas metropolitanas y les asigna atribuciones propias. La UCR y el PRO las reconocen como posibilidad, sin caracterización jurídica ni competencias explícitas.
Educación
Todos garantizan gratuidad y obligatoriedad hasta el nivel secundario. Se respeta la autonomía universitaria. El partido Uno reconoce el derecho de los padres de poder intervenir para que se garantice que "sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones". Un punto que, como en su postura antiaborto, acaso la acerque más a La Libertad Avanza o Somos Vida y Libertad que a los otros sectores de Unidos.
Seguridad
La seguridad aparece en el articulado de la UCR y del PS como responsabilidad indelegable del Estado. La UCR introduce nociones de seguridad democrática, inteligencia criminal y gestión local de la prevención. El PS se enfoca más en la prevención y en el control institucional.
Responsabilidad fiscal
UCR y PS incorporan la responsabilidad fiscal como principio constitucional. El PRO adhiere en términos similares. El PDP no lo menciona. El tema podría habilitar una futura discusión sobre reducción del gasto legislativo.
Ficha limpia
Los proyectos de UCR, el PS y PRO establecen la prohibición de ocupar cargos para personas condenadas por delitos dolosos con sentencia firme.
Fin de la mayoría automática
Todos proponen derogar la mayoría automática de 28 sobre 50 diputados. Se establece un sistema proporcional D’Hont puro. Hay coincidencia plena entre UCR, PS, PRO y PDP en este punto.
Fueros parlamentarios
UCR y PS establecen que los fueros son solo para opiniones en el ejercicio del cargo y que los procesos judiciales contra legisladores no se suspenden en ningún momento. El PRO también propone avanzar en este sentido. El radicalismo sí plantea una limitación para el encarcelamiento que no está en el proyecto del PS: “Todo proceso judicial contra un legislador puede avanzar hasta su conclusión sin obstáculos, pero no podrá restringirse de ningún modo su libertad física sin previa decisión de la Cámara a la que pertenece”.
DNU y facultades delegadas
El PS propone incluir expresamente que en Santa Fe no hay posibilidad de que el gobernador dicte decretos de necesidad y urgencia. La UCR, el PRO y el PDP contemplan la posibilidad de que se dicten decretos con vigencia temporal en casos de emergencia. El socialismo también rechaza que el Legislativo delegue facultades al Ejecutivo.
