La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a las militantes kirchneristas en la causa en la que se las investiga por el ataque con excremento contra la casa del diputado nacional José Luis Espert. La decisión fue tomada el viernes pasado mediante una resolución en la que también se dictó un embargo de 5 millones de pesos.
Las acusadas son Eva Mieri, jefa del bloque del Partido Justicialista en Quilmes, y Alesia Abaigar, directora de Sensibilización del Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. También fue procesado Iván Díaz Bianchi, un joven de 22 años que se desempeña como empleado administrativo en un hospital provincial de Vicente López.
El escrache investigado ocurrió el pasado 17 de junio en el domicilio del legislador libertario, ubicado en Beccar, partido de San Isidro. Los atacantes arrojaron materia fecal frente de la casa y colocaron un pasacalle con la leyenda: “Acá vive la mierda de Espert. Con Cristina no se jode”.
Ataque José Luis Espert
“Acá vive la mierda de Espert. Con Cristina no se jode”: el escrache al diputado Espert en su domicilio. Los tres acusados fueron procesados en calidad de coautores por atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio por motivos políticos.
Para Arroyo Salgado, Abaigar y Mieri fueron las organizadoras de una agrupación que tenía como objetivo “condicionar la actuación presente y/o futura del diputado nacional Espert en primer término, y del resto de la sociedad que no comparta los ideales políticos de esa organización, mediante actos violentos e intimidantes”.
“De las conversaciones obtenidas del teléfono de Abaigar puede observarse con claridad que la nombrada resultó ser quien, junto con Eva Mieri, se encargaba de organizar el acontecimiento delictivo, así como también de reclutar a personas para que participen”, indicó la magistrada. También señaló que la funcionaria bonaerense le ofreció a Díaz Bianchi “pagarle los gastos de traslado a fin de que participe”.
Arroyo Salgado también consideró como agravante que Abaigar y Mieri sean funcionarias públicas, y afirmó que “no actuar con claridad, firmeza y legalidad frente a estas conductas es legitimar su reproducción”.
“Estamos ante una escalada de violencia que comenzó con consignas verbales, continuó con hostigamientos y escraches, y desembocó en hechos concretos de distinto grado de violencia”, justificó la jueza Arroyo Salgado en su resolución de 85 páginas.
Según la investigación, entre seis y siete personas descendieron de un vehículo oficial del Municipio de Quilmes y de otro particular perteneciente a Abaigar. Las patentes de ambos rodados habrían sido alteradas para evitar su identificación, por lo que ambas mujeres también fueron acusadas de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado.
La jueza dictó para las dos mujeres y el joven un embargo de bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de 5.000.000 de pesos. En el caso de Mieri, se sumó la acusación por malversación de caudales públicos, debido al uso de una camioneta del Municipio de Quilmes durante el escrache.
Mieri había sido excarcelada el martes pasado por un fallo de la Cámara Federal de San Martín, tras 13 días en prisión. Arroyo Salgado había ordenado su prisión preventiva el 2 de julio, luego de que se detectara que el teléfono de la concejal había sido vaciado.
En tanto, la magistrada dictó la prisión domiciliaria de Abaigar por cuestiones de salud y le fijó una caución real de 30 millones de pesos, que fue apelada por su defensa y reducida a 2 millones por la Cámara Federal de San Martín.
Por otro lado, la resolución decretó el sobreseimiento de Eva Pietravallo, madre de Abaigar, y de Alberto Protti, expareja de la funcionaria bonaerense, así como la falta de mérito para Aldana Muzzio y Candelaria Montes Cato.
