Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la provincia dijeron que aceptan –aunque luego quedó claro que algunos a disgusto– dos cuestiones que los afectarán directamente en el marco de la reforma constitucional: la independencia del Ministerio Público Fiscal y el Servicio Público de la Defensa, y el límite de 75 años para continuar en la magistratura. Los siete integrantes del máximo tribunal participaron este miércoles de una reunión con la comisión de Justicia de la Convención Constituyente que trabaja en la reforma de la Carta Magna de Santa Fe.
Ambos puntos estuvieron dentro de un informe sobre los acuerdos a los que arribaron los ministros que el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, uno de los tres jueces que ya superaron los 75 años, presentó verbalmente y entregó por escrito a los convencionales.
La independencia funcional y la autarquía financiera del MPA y el Servicio Público de la Defensa implica una pérdida de poder por parte de la Corte, que parece querer recuperarlo por otro lado. Falistocco dijo que la propuesta de los ministros, aunque no unánime, es que queden dentro del Poder Judicial, y encabezado por el presidente de la Corte, el Consejo de la Magistratura y un tribunal de enjuiciamiento que tendría a su cargo el juzgamiento de jueces cuyas conductas sean cuestionadas. Ese Consejo de la Magistratura llamaría a los concursos para cubrir las vacantes de jueces y fiscales, y elevaría las ternas por un orden de mérito que a la hora de enviar los pliegos a la Legislatura el gobernador debería respetar expresamente.
Daniel Erbetta, por su parte, cree que no tiene que haber un Consejo de la Magistratura. El juez rosarino planteó que los concursos pueden quedar a cargo de un tribunal no permanente.
En algunos temas las diferencias son entre los viejos y los nuevos integrantes del máximo tribunal. Esa división de aguas generacional, por caso, se manifestó en si se debe sostener, como dice la ley de necesidad de la reforma constitucional, la posibilidad de que una vez que un magistrado llega a los 75 años el gobernador pueda reenviar su pliego a la Legislatura para que se quede por cinco años.
Mientras los tres ministros que ingresaron a la Corte este año –Rubén Weder, Margarita Zabalza y Jorge Baclini– aceptaron que eso puede condicionar su independencia por la necesidad de que se renueve la confianza del mandatario provincial de turno y los legisladores, los otros cuatro lo rechazaron. Erbetta planteó sobre la cuestión: si esto fuera así, ese juez no era independiente desde antes.
También entre los nuevos cayó bien la posibilidad de poner un límite temporal explícito para la permanencia en el máximo tribunal más allá de la edad. Fue el socialismo el que hizo la propuesta de establecer constitucionalmente que un cortesano no puede permanecer en ese cargo más de 20 años. Zabalza, Baclini y Weder dijeron que incluso podrían ser 15.
Erbetta propuso que se habilite a nivel constitucional la posibilidad de que haya juicios por jurados populares para todos los fueros, no solo el penal. Y que en los casos en que no se use ese mecanismo, igualmente los procesos sean orales y públicos.
Rafael Gutiérrez puso sobre la mesa otra problemática: la de las vacantes sin cubrir. Por eso, planteó que también constitucionalmente se establezca un plazo para hacerlo. “El que se quema con leche ve una vaca y llora. En Santa Fe no se nombra un magistrado desde octubre de 2022”, afirmó. Eduardo Spuler agregó que hoy hay 101 vacantes.
Zabalza manifestó la necesidad que en los próximos nombramientos se garantice la paridad de género. En ese sentido, recordó que María Angélica Gastaldi fue la única mujer en la Corte hasta su llegada y que después de su renuncia ahora solo está ella. “No va con los tiempos que corren”, advirtió.
