La senadora cordobesa Alejandra Vigo afirmó este miércoles en el inicio del debate sobre el proyecto de ficha limpia que “una persona que cuenta con antecedentes penales evidentemente no puede ser candidata”. Por eso, defendió que esta ley “tiene como fin impedir acceder un cargo para obtener fueros e impunidad”.
“Este proyecto concierne a lo que es la ética pública, siendo un mensaje muy claro a la ciudadanía sobre la política en Argentina”, dijo la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien explicó los detalles de la iniciativa que arribó a la Cámara alta en febrero pasado, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados.
La legisladora del bloque Las Provincias Unidas consideró que “el derecho de ser elegido no puede ser puesto en igualdad de condiciones con el interés público”, en respuesta a la denuncia de que el proyecto condiciona un principio de la democracia y deja en manos de jueces la decisión de a quiénes pueden elegir los votantes.
“Si prevalece el derecho electoral y se menoscaba el derecho de los ciudadanos, la ética pública continuará su progresivo desprestigio y se perpetuarán los efectos que venimos viendo hace décadas”, sostuvo y, sobre éstos, habló de “la desconfianza en la palabra y el propio acto de los funcionarios” que derivan en “el desprestigio que sufren las instituciones” hace años.
Además, en su discurso precisó que a través del proyecto se modifica la Ley 23.298 de los Partidos Políticos, que “en su artículo 33 reglamenta el ejercicio del derecho político a ser elegido”; también la Ley 26.571 (PASO), la 19.549 (Código Nacional Electoral) y la 22.117 (Registro Nacional de Reincidencia).
“El espíritu principal de este proyecto es impedir que aquellas personas que hubieran incurrido en delitos contra la administración pública, y cuentan con sentencia confirmada por órganos de instancia superior, puedan ser precandidatas en las elecciones primarias y candidatas en las generales a cargos públicos electivos nacionales”, expresó y añadió que tampoco podrán ser designados en otros cargos.
Vigo enumeró que aplicará en casos de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, enriquecimiento ilícito, entre otros. Y aclaró que la prohibición “subsistirá hasta la revocación o cumplimiento de la pena”.
Sin embargo, y eso fue parte de las críticas, no alcanza a homicidas, violadores, narcotraficantes, delitos de trata de personas, entre otros.
“Muchos países admiten este sistema, aunque con distintas variantes”, señaló la senadora, que indicó que “Brasil fue el pionero en Sudamérica”, mientras que “en México está directamente incluido en la Constitución del país”.
También destacó que nueve provincias de Argentina ya aplicaron alguna variante de ficha limpia: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro, Tucumán y Córdoba; mientras que la Ciudad de Buenos Aires lo prevé su Carta Magna.
