La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó firme una sentencia que reconoció el daño genético causado por la exposición al glifosato (componente tóxico presente en los herbicidas) en la localidad de Piamonte, Santa Fe. Además, ordenó una distancia mínima prudencial de mil metros para pulverizar productos con ese químico y encomendó a los productores regionales fomentar la agroecología en la zona de resguardo. A partir del fallo, organizaciones y movimientos ambientalistas buscan incluir el modelo de producción agroecológico en la nueva Constitución Provincial, próxima a reformarse.
La decisión del máximo tribunal provincial –que se produjo 9 años después de iniciada la causa y tras dos fallos de primera y segunda instancia– obligó, además, a la localidad de Piamonte (lindera a San Jorge, Landeta, Sastre, Carlos Pellegrini y Zenón Pereyra) a tratar una ordenanza que ajuste la legislación local al fallo judicial. El expediente se inició en 2016, cuando la familia Córdoba, habitante de la localidad de 3.500 pobladores ubicada en el departamento San Martín, presentó un recurso de amparo ambiental por afectaciones en su salud, a causa de la pulverización de los cultivos con agrotóxicos.
Un fallo histórico que sienta precedente.
La sentencia fue muy bien recibida por las organizaciones ecologistas que desde hace décadas impulsan, infructuosamente, cambios legislativos que estimulen la producción, sin dañar la salud de la población que habita en lugares cercanos a las zonas de cultivo o trabaja en ese rubro.
“Estamos muy contentos con el fallo de la Corte porque, si bien es cierto que llega tarde para el daño en la salud que ya se ha generado, es un fallo histórico, que sienta un precedente para otros casos similares. El fallo deja en claro que la utilización de sustancias fabricadas, publicitadas, vendidas y usadas como biocidas (productos destinados a destruir, neutralizar, impedir la acción o ejercer control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo, que no sea una acción física o mecánica) claramente pone en riesgo la vida”, afirmó en diálogo con el programa A la Vuelta (Radio 2), Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la facultad de Ciencias Médicas (UNR), uno de los organismos tomados como fuente en la fundamentación de la sentencia.
“Es un fallo que demuestra que cuando los abogados tienen claros los objetivos, cuando la ciencia digna trabaja al servicio de las comunidades y no de las corporaciones y la Justicia (aunque se haya tomado tanto tiempo) está atenta a lo que dice la ciencia digna y no a los pasquines pagados por las corporaciones, sí se puede hacer justicia”, explicitó el médico, especialista en medicina integral.
Se necesita que el Estado estimule una política de transición hacia la agroecología.
Para el profesional, ya no quedan dudas sobre el tema porque la Justicia escuchó lo que la ciencia digna que viene diciendo desde hace muchos años. Indica que hay una gran cantidad de corpus científico que venía advirtiendo desde hace más de veinte años que esto estaba ocurriendo. “Hasta ahora, no teníamos este eco que significa que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe haya ratificado dos fallos de primera y segunda instancia. Ya no quedan dudas, no sólo de la toxicidad de estos productos, sino de que no hay un marco jurídico que habilite a usarlos cuando ponen en riesgo la vida”.
El objetivo está puesto ahora, no sólo en el precedente jurisprudencial que significa el fallo del tribunal supremo, sino también en los cambios legislativos que se necesitan para adecuar el modo de producción a lo que indica el Derecho. “No para que los productores dejen de producir, sino para que el Estado empiece a estimular una política de transición hacia la agroecología y para que los que hoy son productores sigan siendo productores en la provincia de Santa Fe”.
En línea con esa afirmación, agregó: “Quienes trabajamos para poner en evidencia el daño que los modelos de producción dependientes de veneno generan en la salud, no lo hacemos para que los productores se fundan, sino para que produzcan sin dañar. Y eso necesita de una política pública y de un Estado que acompañe esa transición”.
Según la mirada del Instituto de Salud Socioambiental, este fallo de la Justicia provincial habilita a advertirles a las autoridades provinciales que “ya no pueden seguir haciéndose los distraídos, ni mirando para el costado. Mucho menos pueden, en un contexto de reforma de la Constitución de la provincia, dejar pasar la oportunidad histórica de reconocer el derecho a la producción sin dañar y al mismo tiempo, estimular la agroecología”.
Las pruebas y la demora del fallo final
Los estudios de ADN que se realizaron a las víctimas que llevaron adelante la demanda, demostraron que su estructura genética está dañada y al mismo tiempo permitieron evidenciar la sustancia química que les causó el daño. Sin embargo, según explica el entrevistado, ninguno de esos estudios requieren el extenso plazo de nueve años que medió entre el origen de la demanda y la sentencia de la Corte.
El Instituto aportó la herramienta epidemiológica y la bibliografía científica publicada a nivel internacional que demostraba que la exposición a estas sustancias era capaz de generar daño genético y los problemas que estas personas presentaban en su salud. Todo eso les permitió a los abogados fortalecer la causa, y a los jueces, resolver con una “solvencia científica que no puede ser discutida”. El hecho de que la Corte lo haya ratificado, así lo demuestra.
“¿Era necesario que pasaran nueve años para ratificar que esto que se produce, se vende y se usa como veneno, es veneno? Yo creo que no –sostiene Verzeñassi–; pero hoy saludamos que la Corte Suprema haya tomado esta resolución y entendemos que esto tiene que habilitar una mayor celeridad en los próximos casos que todavía están pendientes de resolución”.
Impulsan una Reforma Constitucional Ecosocial
Las organizaciones ecologistas insisten en que además de resolver casos puntuales, lo que se necesita es modificar el modelo de producción imperante hoy en Argentina: siembra directa con transgénicos asociados a agrotóxicos.
“Ese sistema tiene treinta años de vigencia. Parecería que siempre se hizo de ese modo, pero no es así. En Argentina, hace cincuenta años, éramos productores de alimentos, no de commodities agroindustriales dependientes de veneno. Antes de este modelo hoy vigente, Argentina produjo alimentos de verdad. La pregunta es: si hace treinta años pudimos cambiar el modelo de producción y viramos hacia esto, ¿por qué no podemos volver a cambiarlo ahora, cuando los suelos están agotados por este modelo productivo (algo que les causa a los productores una demanda importante de dinero y una baja en la rentabilidad por el uso de todos estos productos que les garantizan mejores rindes)?¿Por qué no pensar en recuperar los modos de producción que garantizaban que nuestros países produjeran alimentos y no hubiera hambrientos?”.
Si se vive en los pueblos de Santa Fe expuestos a fumigaciones, y se tiene entre 15 y 45 años, el riesgo de morir por cáncer se incrementa 2,5 veces.
Verzeñassi suma datos a los interrogantes que se plantea: señala que hace treinta años, en Argentina, había entre 19% y 22% de pobreza, dependiendo de quién midiera; mientras que hoy estamos entre un 46% y un 56%, dependiendo, también, de quién la mida. Es decir que “treinta años después de este modelo de producción que, supuestamente, nos iba a sacar de la pobreza, tenemos el doble de pobres. Pero además, tenemos un país contaminado, como no lo estaba treinta años atrás. Hoy –asegura– se usa 1100% más químicos que los que se usaban treinta años atrás. Y además, hoy tenemos a nuestras comunidades enfermas con patologías que antes no teníamos, a causa del incremento de ese veneno”.
Las estadísticas son alarmantes: si se vive en los pueblos expuestos a fumigaciones de Santa Fe, y se tiene entre 15 y 45 años, el riesgo de morir por cáncer se incrementa 2,5 veces. Esto lo hemos publicado en una de las cuarenta revistas científicas más importantes de epidemiología del mundo y es una información que tiene que resonarle a las autoridades políticas”.
Justicia lenta y Legislatura distraída
Desde hace más de quince años en Santa Fe existe un movimiento que viene pidiendo que se modifique el uso de agrotóxicos en la provincia y hace más de quince años que, sistemáticamente, legisladoras y legisladores niegan la revisión de esas leyes que podrían haber protegido a las poblaciones que tuvieron que ir a la Justicia para que después de nueve años les diga: “Ustedes tenían razón. Los estaban envenenando, los estaban enfermando y esto no puede seguir así”.
Frente a esto hay que preguntarse: ¿qué responsabilidad asumieron esos diputados y senadores que se negaron a rever las leyes e incluso hicieron lobby para que no se aprueben las leyes que pretendían modificar el uso de agrotóxicos en Santa Fe? Porque si no vemos esto, la culpa es sólo de los jueces que demoraron nueve años y no de los legisladores que en los últimos quince años “se hicieron los distraídos o jugaron explícitamente para que esto no se modifique”.
“Dentro de los convencionales constituyentes, hay personas que son muy honestas y probas y quienes formamos parte del Instituto de Salud Socioambiental y de otros movimientos socioambientales de la provincia estamos impulsando una reforma constitucional ecosocial. Estamos generando encuentros en varios lugares de la provincia para convocar a la participación ciudadana y generar un documento que haremos llegar a cada uno de los 69 convencionales constituyentes. El objetivo es conseguir la mayoría necesaria de ciudadanas y ciudadanos santafesinos con la responsabilidad histórica de reformar la Constitución, que estén a la altura de las circunstancias”.
En ese contexto, el fallo de la Corte santafesina viene muy bien para que esos convencionales constituyentes –que tendrán la posibilidad histórica de definir los principios que van a ordenar a la provincia, como mínimo por los próximos cincuenta años– “demuestren si están a la altura de los tiempos que vivimos y si pueden transitar las calles con la frente en alto y mirar a los ojos a sus hijos y nietos cuando les pregunten: ¿qué hiciste vos para hacer que esta sea una provincia más saludable?”.
El daño genético
Es probable que luego de incorporado al organismo, entre siete y diez días después, el cuerpo ya no tenga rastros del glifosato, ni del Ampa (Ácido Aminometilfosfónico) que es su metabolito. Esto puede llevar a que si a alguien le hacen una prueba porque dice haber estado expuesto durante un año al glifosato, no se hallen rastros en él y se deduzca que no habrá consecuencias. “El problema –explica– es que el químico ya causó daño a nivel de la estructura genética. Luego, esa estructura genética se reproduce, aún cuando la persona ya no tiene el químico encima”. Entonces, no se necesita estar expuesto permanentemente para sufrir consecuencias. Hay situaciones en las que una sola exposición puede generar daño.
El reciente fallo contra Bayer Monsanto en Estados Unidos
En otros casos, donde las exposiciones al químico fueron reiteradas, como sucedió en Estados Unidos, un reciente fallo de la Justicia obligó a Bayer Monsanto a pagar 9 mil millones de dólares de resarcimiento a las víctimas.
Y no sólo eso: Bayer pagó 11 mil millones de dólares en 100 mil demandas que no llegaron a un veredicto porque acordaron antes el resarcimiento a los afectados. “Además, según lo que informaron en la reunión de accionistas de principios de este año, –aporta el médico– Bayer tiene una reserva de 9 mil millones de dólares más, para los 50 mil juicios que todavía tiene en marcha. Todo ese volumen de dinero es lo que Bayer Monsanto ha pagado y está dispuesto a pagar por el daño que su producto genera; porque se demostró que Bayer Monsanto sabía, antes de liberar en el mercado el herbicida Roundup (que contiene glifosato más surfactante) que era un producto inductor del linfoma no Hodgkin (LNH), además de ser disruptor endocrino”.
Cuando se observa el fallo de la Justicia norteamericana, se comprueba que el 40% de lo que tiene que pagar Bayer Monsanto se debe al daño que causó, y el resto es por haber omitido la información que la empresa ya tenía respecto del daño que generaba. “Una prueba de la impunidad con la que se manejaba. Incluso hoy siguen ofreciendo sus productos diciendo que tienen pruebas científicas de que son inocuos”.
La meta es que Santa Fe encuentre en la agroecología, un modelo de producción defendido constitucionalmente.
“Me pregunto como médico y como ciudadano: si yo vendo un producto sobre el cual tengo pruebas científicas de que es inocuo, ¿por qué arreglo, al mismo tiempo, por 11 mil millones de dólares 100 mil causas judiciales?, ¿por qué me guardo por las dudas, 9 mil millones de dólares para juicios que están en marcha y puedo llegar a perder, si sé que mi producto no es dañino?”.
En representación de su equipo de trabajo, Verzeñassi se esperanza en que los legisladores santafesinos hagan su aporte para que Santa Fe encuentre en la agroecología, un modelo de producción defendido constitucionalmente, y halle en el derecho a la salud y al ambiente sano, herramientas clave para pensar la nueva estructura institucional de la provincia.
“No perdemos esa esperanza –concluye– porque si algo no podemos darnos en estos tiempos, es el lujo de estar desesperanzados”.
