Terminal Puerto Rosario (TPR), la concesionaria de los muelles I y II de la ciudad, presentó finalmente una propuesta para terminar de arreglar su situación contractual y para extender el plazo de la concesión (que vence en 2032) que decepcionó tanto por lo amarreta y tacaña que ahora el gobierno provincial hasta analiza la posibilidad de quitarle la concesión.
La empresa -cuyo accionista mayoritario es el grupo chileno Ultramar, uno de los jugadore top de América del sur- se puso al día en el último tiempo con sus obligaciones contractuales despejando la mesa para la negociación final por las refacciones adeudadas en los muelles y dar así inicio a las conversaciones por la extensión de la concesión, cuya moneda de negociación es tiempo por inversión en infraestructura.
Rosario3 publicó el domingo pasado que TPR proponía saldar las urgentes refacciones en los muelles con un desembolso de u$s10M, que para el gobierno provincial sonaba a muy poco, mientras que para extender el negocio prometía una inversión millonaria a largo plazo por 600 millones de dólares, según empujaban ejecutivos locales de TPR que empujaban el proyecto.
Y esta semana llegó el turno de la recepción por escrito de la propuesta. Tal como se anticipó, TPR ofertó u$s10 M para saldar compromisos de inversión en los muelles pendientes, que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y del Enapro rechazaron por exiguo, estimando que las refacciones necesarias en los muelles son ampliamente superiores a esa cifra.
Es más, para el plan de inversión de obras públicas del gobierno provincial, una inversión de $10.000 millones no mueve el amperímetro de la caja provincial, así que les pareció exigua y se la rechazaron de plano. Como TPR no se mostró predispuesto a invertir más, las conversaciones ya se abortaron en ese primer punto.
Pero eso no es todo. La decepción mayor se generó cuando TPR propuso por escrito a cambio de la extensión del contrato por 30 años una inversión de 20 millones de dólares, que además de ser escuálida, estaba atada a muchos condicionamientos, como una baja del canon y a que ellos consiguieran nuevas cargas.
Como no podía ser de otra manera, la oferta decepcionó y no estuvo a la expectativa del gobierno provincial. Es más la decepción oficial es tan absoluta con la propuesta del grupo Ultramar, dueños de TPR, que hasta pusieron a estudio la idea de quitarles de manera anticipada la concesión, hacerse cargo de las inversiones pendientes y salir a buscar un nuevo operador privado convencidos de que hay interés de chinos, árabes y hasta paraguayos por poner pie en la hidrovía con un puerto multipropósito.
Para tener una idea de lo raquítica de la oferta, Servicios Portuarios (SePor), concesionaria de los muelles VI y VII del Puerto de Rosario, ofreció invertir u$s 72 M para ampliar los muelles graneleros, una obra que amoritzarla puede insumir casi 40 años.
Es más, lo amarrete y avaro de la propuesta de TPR cayó tan mal en el gobierno, que el propio ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, rechazó reunirse con los empresarios de la empresa controlada por los chilenos. Mucho menos, lo hará el gobernador Maximiliano Pullaro.
La Provincia estaba incluso predispuesta a analizar una inversión conjunta, si TPR -por ejemplo- proponía, para ampliar la concesión, poner de su bolsillo u$s300 M, buscando -entonces- aportar desde el erario público un monto similar. Pero que la cifra inicial que pusieron fuera 20 millones de dólares les sonó hasta provocador y poco serio.
Finalmente, otro tema que les molestó a los funcionarios fue que, como otra de las condiciones, les pusieran que garanticen “seguridad jurídica en el caso Vicentin” (en otras palabras, una suerte de inmunidad y que nadie toque a los socios locales) cuando el gobierno insiste que ese es un tema judicial y comercial entre privados.
